INDEPENDENCIA PARA LOS INFORMES DE TASACIÓN HIPOTECARIA. LOS BANCOS ESTARÁN OBLIGADOS A ACEPTAR CUALQUIER INFORME DE VALORACIÓN.




El pasado 22 de abril se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales la

Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, re-estructuración de deuda y alquiler social [procedente del Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (procedente del Real Decreto ley 27/2012, de 15 de noviembre) (núm. expte. 121/000031) y la Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social (núm. expte. 120/000006)].

En la que se propone la modificación del artículo 3 bis I)

.../ Cuatro. El artículo 3 bis I) queda redactado del siguiente modo:
«Las entidades de crédito, incluso aquellas que dispongan de servicios propios de tasación, estarán obligadas a aceptar cualquier tasación de un bien apartada por el cliente, siempre que, sea certificada por un tasador homologado de conformidad con lo previsto en la presente Ley y no esté caducada según lo dispuesto legalmente, y ello, sin perjuicio de que la entidad de crédito pueda realizar la comprobaciones que estime pertinentes, de las que en ningún caso podré repercutir su coste al cliente que estime pertinentes, de las que en ningún caso podrá repercutir su coste al cliente que aporte la certificación. El incumplimiento de esta obligación se entenderá en todo caso como infracción grave o muy grave de la entidad de crédito en los términos de los artículos 5.d) o 4.e), respectivamente, de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, respectivamente.» /... 

La Orden EHA/2899/2011 ya especificaba la obligatoriedad de aceptar la tasación aportada por el cliente, siempre que cumpliese los requisitos de homologación y caducidad. La realidad es que no se estaba cumpliendo, a partir de su entrada en vigor, el imcumplimiento de esta medida se considerará infracción grave o muy grave con multas de hasta 1.000.000 de euros para la entidad financiera y sanciones para los responsables.